Hoy 06 de junio, el gremio de Periodistas y Comunicadores Independiente de Nicaragua (PCIN), junto a Acción penal, el Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca Más e Iréx, emitieron una carta pública, exponiendo que “Nicaragua es un país donde ejercer la libertad de expresión es un delito,” dirigida a las distintas delegaciones de la IX Cumbre de las Américas Los Ángeles de California en EE. UU.
A raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril 2018, la represión trastocó al periodismo Independiente de forma violenta e ilegal.
“El periodismo independiente está criminalizado por leyes arbitrarias e inconstitucionales, periodistas son perseguidos por instituciones del estado y fanáticos del gobernante FSLN, y se ejecutan procesos instrumentalizando el poder judicial, con jueces sometidos al poder del presidente Daniel Ortega.” Señala la misiva.
Según un reporte del Observatorio de PCIN en el año 2021 “se registró 1,520 agresiones de distinto tipo en contra de periodistas y medios de comunicación independientes.” Colocando al país de Nicaragua en la “zona roja” del ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteros (RSF) en el lugar 121. Un retroceso de cuatro puestos con relación al 2020. Señalan las organizaciones firmantes.
El gobierno de Ortega cataloga al periodismo Independiente como “mercenarios de la información”, “asalariados del Imperio”, “fabricantes de mentiras” y “enemigos del pueblo” todos los medios y periodistas que no se pliegan a su narrativa ni a su afán de discurso único”.
El resultado de la crisis y represión en Nicaragua provocó el asesinato de Ángel Gahona director del Medio Meridiano en Bluefields (21 de abril de 2018), además de la muerte de dos periodistas muertos en el contexto de la pandemia en esa misma ciudad por atención tardía en el sistema de salud.
Otros de los datos que ha presentado PCIN, en su observatorio es “120 periodistas exiliados, seis periodistas juzgados y condenados por injurias o calumnias entre 2019 y 2020, y seis periodistas condenados a entre 8 y 13 años de prisión en 2022 por manifestar su pensamiento, opinar sobre la situación del país, informar de manera independiente, decir que aspiraban a ser presidente del país, o por ser gerente del principal periódico impreso de Nicaragua.” Describe la misiva.
Por su parte en el 2021, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, también publico el informe “Persecución y criminalización del periodismo en Nicaragua” detalla ocho estrategias que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desarrollado para destruir al periodismo independiente en el país. Estas son:
- Criminalización y judicialización.
- Ataques a la integridad física y psicológica de periodista.
- Daño patrimonial a medios y periodistas.
- Violaciones a la libre movilización, circulación y residencia.
- Obstáculos para el ejercicio periodístico.
- Persecución fiscal y aduanera.
- Garantías de impunidad a perpetradores.
- Desplazamiento forzado de periodistas.
Por otro lado un informe de IREX, expuso que tanto periodistas , medios de comunicación y la población están siendo reprimidos, “en Nicaragua hay graves violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa de parte del gobierno que ha establecido una política represiva sobre los ciudadanos y los medios de comunicación independientes” y esto se recrudeció con la aprobación de leyes represivas “Dos de las leyes más restrictivas aprobadas recientemente son la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelito que violan de manera flagrante derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política,” detalla el comunicado.
Décadas atrás, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal afirmaba que sin libertad de prensa no había democracia. Eso es Nicaragua hoy. Otra dictadura se ha erigido sobre el sufrimiento de la sociedad. El régimen Ortega se basa en la destrucción de todas las libertades y en el afán de imponer un discurso único, a pesar de la diversidad de lenguas, culturas y pensamientos existentes en el país.
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH-OEA tipificó el comportamiento del estado en contra del periodismo como “la cuarta fase de la represión” en Nicaragua con el soporte de las leyes mencionadas “para legalizar su desenfrenada agresividad”.
En esta represión se criminaliza a las fuentes informativas “Quien se atreva a comentar, analizar o criticar la realidad que atraviesa el país se vuelve blanco de la represalia estatal.”
Según menciona la misiva la situación de autocensura es peor que en el tipo de la dictadura de la familia Somoza (1934 – 1979). La CIDH desde el 2018 ha otorgado más de 60 medidas cautelares para periodistas y comunicadores de Nicaragua. Es una cifra nunca vista en la historia de Centroamérica.
Ante todo, lo expuesto las organizaciones firmantes de la misiva piden a las delegaciones de todos los países presentes en la Cumbre de las Américas “Vuelvan su atención hacia Nicaragua.”
Añaden “La mejor solución a la profunda crisis que atraviesa Nicaragua es la Libertad de Prensa. Si hay Libertad de Prensa, habrá Libertad de Expresión. Si hay Libertad de Expresión, habrá Democracia. Si hay Democracia habrá Justicia, desarrollo y oportunidades para cada nicaragüense”.
A través de Nicaragua Actual medio digital independiente de Nicaragua presente en la Cumbre de las Américas se conoció que el Subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, confirmó que el gobierno de Joe Biden en EE. UU. Se preparan para nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. “Esperamos cambios profundos en su forma de actuar y si no, vamos a tomar medidas para expresa nuestro desacuerdo por la represión política que existe en Nicaragua en este momento”, expresó ante periodistas en la Cumbre de la Américas.