8 de septiembre de 2022
Estimada Asamblea General de la OEA:
Mientras ustedes están a punto de reunirse en Lima, Perú, el gobierno presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado todos los medios e instituciones bajo su régimen totalitario para erradicar la libertad de expresión del país, contraviniendo así uno de los principios clave de la Democracia y de la Organización de los Estados Americanos.
Desde que Daniel Ortega retornó al gobierno en 2007, del mapa nacional de la libertad de expresión han desaparecido 51 medios de comunicación de todo tipo y de toda la geografía nacional, y 16 espacios informativos que se transmitían por medios de comunicación.
Solo en agosto de 2022 la oficina de telecomunicaciones del estado, TELCOR, ordenó – sin mediar proceso administrativo alguno, ni derecho a apelación — el cierre de 23 medios de comunicación de la iglesia católica, radios comunitarias y pequeñas estaciones de televisión en el norte del país, el occidente, el suroriente y en las regiones autónomas de la Costa Caribe. De ese total, 12 medios fueron eliminados en el departamento de Matagalpa.
Ha sido una práctica del estado nacional que tras obligar el cierre de medios, funcionarios y policías ocupan las instalaciones y confiscan los equipos de transmisión. No se sabe qué destino tienen esos equipos incautados de manera ilegal. El pasado 6 de septiembre funcionarios del gobierno rompieron los candados del edificio de Radio Vos, en Matagalpa, y lo ocuparon. Antes, habían confiscado las instalaciones del diario La Prensa (agosto 2022), de Confidencial (diciembre de 2018 y mayo de 2021) y de 100% Noticias (diciembre de 2018).
El martirio del periodismo independiente también ha resultado en el desplazamiento forzado, actualmente en exilio, de salas de redacción enteras: las del diario La Prensa, Confidencial y 100% Noticias, además, el de al menos 150 periodistas. Solo entre los meses de julio y agosto de 2022, al menos veinticinco periodistas huyeron del país para evitar la cárcel y poder seguir informando.
Periodistas y personas relacionadas con medios de comunicación del país, han sido apresados en 2021, incomunicados, enjuiciados en la cárcel en 2022 sin derecho al debido proceso, y luego condenados a años de cárcel, multas e inhabilitación.
El comportamiento del régimen de Nicaragua contraría la Constitución Política de la República (artículos 30, 66, 67 y 68), y compromisos suscritos por el estado y por Daniel Ortega. En marzo de 2019, su gobierno se comprometió ante testigos a asegurar la implementación y protección de la libertad de expresión, y de las garantías incluidas en la Constitución Política de Nicaragua. Ha hecho todo lo contrario.
Antes de volver a la presidencia, Daniel Ortega suscribió la Carta de Chapultepec en el año 2001. Con ello se comprometió a respetar la libertad de prensa en caso de ganar las elecciones. Él ni su gobierno han honrado tal firma. Ha hecho todo lo contrario.
En distintas ocasiones la Organización de Estados Americanos, OEA, ha tenido conocimiento del comportamiento antidemocrático de Daniel Ortega y su administración. Lo que ha podido hacerle a esta honorable organización hemisférica — al acusarla de ser un peón del Imperio, expulsar a su delegación del país y confiscarle sus oficinas en Managua — se lo ha hecho a los medios de comunicación y periodistas del país.
Nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta, para solicitar a la Asamblea General de la OEA que emplee todas las herramientas a su alcance y demande en todas las formas posibles que el gobierno de Daniel Ortega respete a quienes hacen posible la libertad de prensa. La OEA no puede tolerar que se niegue a la nación nicaragüense la información a la que tiene derecho. El pueblo tiene derecho a estar informado. Y los medios de comunicación y periodistas seguimos dispuestos a brindársela, porque es nuestro compromiso con el desarrollo de la nación.
Sin periodismo independiente, no existe la libertad de expresión. Sin libertad de prensa, no hay democracia.
Muy atentamente,
Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, NN+
Acción Penal, AP
International Senior Lawyers Project, ISLP