La cruel realidad que nadie quiere ver. En Nicaragua, la comunidad LGBTIQ+ vive una violencia sistemática que el Estado oculta: entre 2021 y julio de 2025 se han registrado 188 agresiones, incluyendo seis crímenes de odio y al menos cinco muertes de mujeres trans que la policía clasificó como suicidios o accidentes. Mientras las autoridades niegan estadísticas, manipulan investigaciones y liberan a agresores mediante indultos, las víctimas quedan atrapadas en una impunidad que revela una complicidad institucional profunda.
Crímenes que desafían la justicia
La brutalidad de los crímenes de odio en Nicaragua se refleja en la violencia extrema y el posterior encubrimiento institucional. Estos casos revelan un patrón de violencia basada en la identidad que persiste en todo el país.
Uno de los hechos que conmocionó a Jinotega, fue el asesinato del profesor Carmen Ernesto Herrera de 40 años, secretario del Consejo Municipal de la alcaldía de San Rafael del Norte. Fue ultimado la madrugada del 19 de marzo por Carlos Evertz Rodríguez Cruz, de 28 años, quien fue sentenciado a prisión perpetua revisable.
El cuerpo del profesor presentaba múltiples heridas en la cabeza, cuello y en sus manos mutiladas, hallazgo que sugiere ser un crimen de odio por su orientación sexual.
Aunque el agresor confesó que lo asesinó para robarle, la sentencia no detalla la orientación sexual de la víctima como móvil del crimen. La legislación nicaragüense no reconoce explícitamente “el crimen de odio por orientación sexual” como agravante, lo que permite que estos delitos se diluyan en el proceso judicial.
La muerte confusa de Frania Alguera
Frania Alguera, una joven transgénero rivense de 25 años, falleció la noche del 25 de febrero de 2025, en el Hospital Gaspar García Laviana de Rivas, tras haber permanecido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Versiones extraoficiales apuntaban que había sido lesionada presuntamente por un extranjero en San Juan del Sur. Sin embargo, un video muestra a Alguera desplomándose sola en horas de la madrugada, sugiriendo una posible convulsión como causa del deceso.
Esta contradicción y la falta de claridad han intensificado las peticiones de justicia. Hasta hoy, se desconoce el paradero previo al colapso, el tiempo que estuvo sola y las circunstancias que rodearon su muerte.
Ni las autoridades policiales ni las de salud emitieron ningún comunicado sobre las causas de muerte de Alguera.
Pero más allá de los crímenes, existe otra forma de violencia: el silencio institucional.
El silencio cómplice: Samira Montiel y la traición a la diversidad sexual
En este silencio institucionalizado, hay una gran cómplice, Samira Montiel, la procuradora de la diversidad sexual, un puesto que ha ocupado sin ni una sola ocasión pronunciarse públicamente por crímenes cometidos en el país, un cargo político que desde sus inicios ha desempeñado simplemente para aplaudir los actos de la dictadura en medios oficiales.
El nombramiento de Samira Montiel como Procuradora de la Diversidad Sexual en 2009, fue visto como un “avance histórico”. Sin embargo,16 años después, su gestión es señalada por activistas como una extensión propagandística del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En vez de promover leyes o defender derechos, su papel se limita a respaldar iniciativas oficiales como “Las Cartillas para la Vida Armoniosa” que presentan a la pareja presidencial como modelo de familia.
Activistas de la comunidad LGBTIQ+ coinciden en que Montiel guarda silencio ante crímenes de odio y casos de persecución.
El activista Magdiel Galeano Presidente del movimiento diversidad del grupo político opositor UNAMOS, la acusan directamente, “Samira Montie no está haciendo ninguno de los roles que debería de hacer, como procuradora no está defendiendo a la comunidad”.
Galeano incluso la califica como “dictadora” e insiste en que su inacción la convierte en cómplice de los crímenes de odio, ya que “ella (Samira Montiel) no ha hecho ninguna denuncia, no ha levantado la voz y no ha estado ni con las víctimas ni las familias de estos crímenes de odio”.
La traición de Samira se hizo evidente en el año 2018, mientras la comunidad LGBTIQ+ era encarcelada en celdas de hombres o se veía forzada al exilio. Galeano fue tajante al señalar la responsabilidad de la funcionaria. “Samira es culpable también de la persecución hacia nuestra comunidad” afirma Galeano.
Por otro lado, el activista Adriano Antinoo activista desde el anonimato resume la frustración diciendo “Samira debería estar respondiendo a las recomendaciones del Examen Periódico Universal EPU…pero no lo hace”. Su silencio no es neutral; prosigue Antinoo añadiendo que es la complicidad que permite al régimen presentarse al mundo como un defensor de derechos, mientras la vulnerabilidad de la comunidad aumenta.
Crímenes ocultos y estadísticas negadas
El primer obstáculo para visibilizar los crímenes de odio es el silencio. Una fuente que vive y trabaja desde la clandestinidad en Nicaragua afirma que las instituciones del Estado se dedican a “minimizar los hechos y ocultar las estadísticas”.
El caso de La Mendoza, una mujer trans de la capital, Managua, es un ejemplo escalofriante de este mecanismo de invisibilización.
En abril de 2023, su cuerpo en estado de descomposición fue encontrado en un predio baldío en el Distrito seis de Managua. Pese a que la escena y las señas de violencia encontradas de su cuerpo dejaban en evidencia que fue víctima de un crimen de odio, las autoridades, incluyendo a medios oficiales, la declararon simplemente como un caso de muerte por ahogamiento.
Han pasado ya casi tres años, y la policía ni ha esclarecido el hecho ni se ha pronunciado sobre el caso. Y lo que es aún más revelador: al revisar el sistema Nicarao del Poder Judicial, no hay evidencia de que la Fiscalía haya presentado una acusación por este crimen de odio cometido contra La Mendoza en los juzgados de Managua.
Como este hay muchos otros delitos y agresiones contra personas de la diversidad sexual que son completamente ignorados y permanecen ocultos o en silencio por las autoridades.
Una activista de la diversidad sexual que prefiero el anonimato por razones de seguridad, nos explicó que esta invisibilización se logra justamente a través de la “ausencia de mecanismos oficiales para identificar los delitos por orientación sexual o identidad de género”.
Dimensiones del problema: crímenes contra la población LGBTIQ+ del 2021 al 2025
El Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ de la Corriente ha documentado una violencia “ sistemática, multiforme y persistente” que desafía el orden social y de género en Nicaragua. Esta plataforma, esencial ante la ausencia de acción estatal, busca “ romper con el muro de silencio y de impunidad”.
En el año 2021, el Observatorio registró 70 hechos documentados, incluyendo 67 agresiones, 1 asesinato/crimen de odio y 2 suicidios.
Un año después, en 2022, 43 hechos fueron documentados, con 39 agresiones, 3 delitos de odio y 1 suicidio. Los agresores implicados incluyen policías, familiares cercanos y desconocidos.
Durante el 2023, se documentaron 42 hechos, marcados por crímenes de odio como el asesinato de Juana Mena Hernández, demostrando que “el peso de una cultura conservadora, discriminatoria y profundamente machista está en la base de la violencia”.
El primer trimestre de enero a marzo de 2024 el Observatorio documentó 9 hechos y de abril a junio 10 hechos, confirmando que “las mujeres trans han sido víctimas de formas graves y letales de violencia.”
Es relevante mencionar que el segundo semestre de 2024 no fue publicado debido a dificultades internas y una reducción drástica en la cobertura mediática, por lo que no se incluyó un total de casos para ese periodo.
Finalmente 14 casos fueron registrados de enero hasta julio de 2025, estos pusieron en evidencia la doble vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ migrantes, quienes enfrentan homofobia y xenofobia. De los 14 casos registrados en 2025 solo 4 pusieron denuncia formal.
Maria Teresa Blandón, directora de la organización feminista La Corriente, confirmó la gravedad de esta situación: ni en la Polícia, ni el Ministerio Publico, ni en el Instituto de Medicina Legal de Managua se desagregan las estadísticas por identidad de género ni por orientación sexual.
En resumen, no existe una estadística oficial que revele la magnitud de los delitos cometidos contra personas LGBTIQ o el porcentaje de respuesta judiciales. Esta opacidad, según la activista trans consultada, se agrava por la “inoperancia de la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual y por los bajos índices de denuncias.
¿Y por qué la gente no denuncia? Por la desconfianza hacia la policía y el temor a represalia, un clima que se agrava porque las instituciones llamadas a protegerlas nunca intervienen.
La Procuraduría de la Diversidad, no ofrece acompañamiento ni respaldo visible. Blandón señala que su silencio frente a los crímenes de odio contribuye a que la comunidad quede sin rutas seguras para exigir justicia.
En contraste con esta falta total de información oficial, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado que la represión estatal en Nicaragua no solo silencia las denuncias, sino que también encarcela y castiga la identidad.
En su registro actualizado sobre personas detenidas arbitrariamente entre el 18 de abril de 2018 y 10 de febrero de 2023, La CIDH contabilizó al menos 2,090 detenciones por motivos políticos, entre las cuales figuran seis mujeres trans.
Estas detenciones se produjeron en el marco de la crisis de derechos humanos que estalló en 2018 y evidencian que el aparato represivo del Estado no distingue entre disidencia política y diversidad sexual: ambas son percibidas como amenazas que deben ser controladas o eliminadas.
El Informe subraya que los datos provienen de fuentes independientes y organizaciones de la sociedad civil, ya que el Estado se niega a proporcionar información oficial sobre la identidad o el género de las personas privadas de libertad.
Cifras que duelen: el aumento documentado de la violencia
A pesar de que el Estado se esfuerza en ocultar y minimizar los delitos, las organizaciones de derechos humanos han logrado documentar un aumento aterrador de la violencia.
Según las estadísticas del Observatorio de violaciones a los Derechos Humanos de personas LGBTIQ+, una iniciativa de la corriente, solo entre 2021 hasta julio de 2025 se han registrado 188 delitos contra personas de la diversidad sexual en Nicaragua.
Dentro de estos 188 delitos, sobresalen las agresiones físicas, pero también se contabilizan seis crímenes de odio explícitos y, además , la muerte de otras cinco mujeres trans que la Policía se apresuró a tipificar como suicidio u otras causas, a pesar de que sus familiares rechazaron rotundamente estas versiones oficiales.
La lista de agresiones es larga e incluye delitos sexuales, acoso, extorsión y violencia laboral. Y ojo, la realidad es mucho más dura advirtió la activista trans: “El registro podría ser mayor, ya que por temor y debido al cierre de los espacios cívicos, muchos hechos, no son reportados por las víctimas”. La desconfianza hacia la policía, el miedo a represalias, las burlas y las anomalías en los procesos judiciales hacen que la mayoría de las víctimas prefieran no intentar presentar denuncias.
Cuando la justicia tiene sesgo: Tipificación errónea e impunidad judicial
Aquí es donde entra de lleno nuestra primera hipótesis central: la justicia se imparte con un “sesgo personal”. Las autoridades policiales y el sistema de justicia tienen la costumbre de normalizar y minimizar los delitos de odio, llegando al extremo de otorgar beneficios y reducciones de pena a los autores de los crímenes más atroces.
La táctica principal de la policía para garantizar la impunidad es la tipificación falsa.
En el periodo 2021-2024, se registraron casos que fueron tipificados como suicidios, infartos o ahogamientos, aun cuando la evidencia gritaba lo contrario.
Teresa Martínez de 31 años fue encontrada sin vida en febrero de 2024 en Ciudad Sandino, Managua, con un mecate en el cuello y golpes en su cuerpo. Aunque su famili adetalló que habia recibido amenazas de muerte, la policía declaró el caso como un suicidio, sin investigación alguna.
El caso de Julia Almanza Jarquín de 33 años de Estelí, una mujer trans, fue declarado por la policía como muerte por infarto en julio de 2023, tras haber fallecido en una discoteca.
La muerte de Josuhara Brown Dixon es igual de dramática. Fue encontrada sin vida y con golpes en el cuerpo en una poza de Managua, pero la policía dijo que falleció por sumersión. Aunque una tía manifestó esperar que solo fuera un accidente y no aun asesinato, familiares y la policía hablaron de “mano criminal” y personas detenidas en su momento, pero nunca fueron procesadas. El caso de la reina de belleza no fue investigado.
En todos estos casos, los familiares denunciaron inconsistencias y no estuvieron de acuerdo con la versión policial. Sin embargo, sus peticiones de ampliar las investigaciones fueron inútiles: los expedientes fueron simplemente “engavetados”.
Reducción de penas y la omisión de saña
La impunidad no solo viene del lado policial; también llega desde los tribunales. Intertextual comprobó que algunos autores de crímenes de odio han recibido rebajas de pena,pese a la gravedad de sus acciones.
Un ejemplo flagrante es el de Yader José Alaniz Parra, quien en 2012 asesinó con más de 20 puñaladas a Vanezza Narvaez Medina para robarle 8,000 córdobas. Aunque inicialmente fue sentenciado a 30 años en 2013, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de León, en julio del mismo año, redujo su pena a 25 años.
Este caso es una muestra clara de cómo la interpretación penal de quienes imparten justicia en Nicaragua se aplica con sesgo personal, omitiendo la saña y la interseccionalidad por la que son cometidos estos crímenes contra la diversidad sexual.
Casos de alto impacto: la crueldad y la violencia de identidad
A pesar de los esfuerzos por ocultar los móviles, la crueldad de algunos crímenes logra salir a la luz, aunque sea brevemente durante los juicios.
El caso de O.S.A.D un asesinato por ser lesbiana ocurrio en noviembre de 2024, la adolescente tenía 14 años; fue asesinada y quemada por Elocadio Díaz Espino, de 76 años.
El movil del crimen contra O.S.A.D fue por ser lesbiana. Diaz Espino incluso advirtió que “la haría mujercita” antes de cometer el atroz crimen.
Aunque la policía intentó ocultar el verdadero móvil del asesianto en un inició,en el juicio quedó en evidencia la orientación sexual de la víctima como detonante. La jueza suplente Isabel Mayorga lo declaró culpable por asesinato agravado y violación agravada en grado de tentativva, reconociendo que había indicios de un crimen de odio contra la menor. La fiscalía solicitó la prisión perpetua revisable.
Mientras otro caso de violencia por identidad y crueldad extrema fue el asesinato de Lala Contreras; una joven trangénero, en marzo de 2021.
Lala fue amarrada, arrastrada y lanzada a un acantilado en Somotillo, Chinandega. Los dos autores del crimen Bernardo Arístides Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta, fueron condenados a cadena perpetua revisable.
Debido a la conmoción pública y la relevancia del hecho, la policía se vio forzada a emitir un comunicado, pero incluso en esa instancia, violentó la identidad de Lala, nombrandola con su nombre masculino, desconociendo que se trataba de una mujer trans y nunca reconociendo que fuera un crimen de odio.
El Marco Legal: Un vacío que protege al agresor
Adriano Antinoo, activista y defensor de derechos humanos LGBTIQ+, argumenta que las muertes violentas se deben a varios factores que actúan en conjunto. “Primero,el gobierno que no garantiza los derechos de las personas LGBTIQ+, luego la sociedad que no respeta esos derechos y también las propias personas LGBTIQ+ por consiguiente desconocemos en su mayoría nuestros derechos”.
Un factor crucial en la total ausencia de leyes protectoras. En Nicaragua, no existe una ley de Identidad de Género ni una legislación específica que prohíba o sancione los crímenes de odio. Además,no hay un plan nacional contra la violencia, y en el presupuesto nacional “ no aparece un peso destinado a prevenir la violencia” señaló Blandón.
Las herramientas legales actuales son insuficientes y, además contradictorias. Antinoo crítica que el Código Penal usa términos imprecisos, hablando de “orientación sexual” en un artículo y “preferencia” en otro, lo que confunde la interpretación jurídica.
Lo que existe legalmente en Nicaragua no lo tienen reglamentado, por lo que los operadores de justicia no saben cómo aplicar agravantes por discriminación y, en la práctica, no reconocen la identidad de las personas transgénero, aseverá Antinoo.
El resultado es un sistema legal que, lejos de proteger a las vçitmas, deja amplio margen para que los agresores actúen con impunidad.
Indultos presidenciales: Una amenaza de venganza
Para la comunidad LGBTIQ+ en Nicaragua, incluso una sentencia firme, no garantiza justicia. El propio Estado puede liberar a los agresores. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murilo ha excarcelado a miles de reos comunes bajo el “régimen de convivencia familiar”, una medida que incluye a personas condenadas por delitos graves.
Un caso reciente y trágico es el de Dereck Gómez Tijerino de 22 años de edad, un joven abiertamente gay, asesinado en enero de 2024. Su agresor, Kevin José González Matamoros había sido liberado meses antesfue sentenciado a 27 alos por asesinato y robo agravado tras el crimen.
Desde el 2015, el gobierno ha beneficiado a más de 58,716 reos. Aunque Rosario Murillo asegura que solo el 7.18% ha reincidido. Activistas como Athiany Larios Zuniga, una activista trans en el exilio, explica que estas personas indultadas tienen “ toda la probabilidad de volver a reincidir o cometer peores delitos”, porque son liberadas sin acompañamiento, sin reinserción social o laboral, lo que les obliga a seguir delinquiendo.
Para la comunidad LGBTIQ+ , esto se traduce a un tema recurrente. “Las víctimas no denuncian porque saben que sus agresores pueden salir libres y buscar venganza” refiere Larios.
La impunidad es la norma
La impunidad es la constante que se enfrenta en crímenes contra la comunidad LGBTIQ+, sostenida por la indiferencia estatal y el sesgo institucional.
Según Teresa Blandón, la mayoría de los agresores de personas de la diversidad sexual quedan en la impunidad. Primero, por la falta de investigación policial a tiempo. Segundo, por la indiferencia del sistema de justicia. tercero, porque los responsables tienen tiempo suficiente para huir, o en el peor de los casos, son liberados por medio del régimen de convivencia familiar. Y finalmente “ simple y sencillamente porque el sistema ni siquiera reporta estos crímenes” concluyó la activista.
En Nicaragua, el Estado no protege a la diversidad sexual, la expone. En un contexto donde la policía normaliza la violencia y los jueces actúan con sesgos personales, exigir justicia se vuelve en un acto de resistencia desesperada.
