Informe de agresiones a la libertad de prensa y expresión

Este informe de la situación del contexto de la libertad de prensa y seguridad de comunicadores y periodistas de Nicaragua se ha gestado en un contexto de inflexión, en el que se han producido cambios importantes para la dinámica de los medios y el compromiso de periodistas con su ejercicio profesional.

Entre 2019 y 2024 los medios nicaragüenses que sobrevivieron a la persecución feroz del régimen Ortega – Murillo desarrollaron una cierta estabilidad en medio de la precariedad y el exilio. Su modelo de negocios se basaba, sobre todo, en aportes de distintas organizaciones, y en otros esfuerzos.

La llegada del señor Donald J. Trump al gobierno de los Estados Unidos supuso un cambio radical, pues eliminó de entrada los flujos de cooperación dirigidos a democracia, derechos humanos y medios de comunicación. Esto impactó brutalmente al mundo de la cooperación internacional, eliminó al menos el 50% de los ingresos de los medios nicaragüenses en el exilio y redujo al mínimo la presencia e incidencia de las organizaciones que les acuerpaban.

Por esta razón y porque Costa Rica probó no ser un país seguro para periodistas perseguidos, el gremio comenzó a ver cómo más y más colegas se iban hacia otros países en busca de seguridad y de mejores ingresos. El asesinato del comentarista Roberto Samcam, en junio de 2025, acentuó esta nueva oleada migratoria.

En medio de estos eventos, el régimen de Nicaragua continuó atacando a lo que pudiera quedar de libertad de expresión, y a los medios y periodistas radicados en el exterior. Las agresiones que se reportaron en el periodo enero 2025 a marzo de 2026 muestra ciertos énfasis: las mujeres son las principales víctimas, las amenazas e intimidaciones, el uso abusivo del poder del Estado y el doxing transfronterizo fueron los métodos preferidos de la de la dictadura.

El Observatorio de PCIN documentó 47 agresiones durante el periodo observado.  Una de cada cuatro se dio en territorio extranjero, lo que habla de los esfuerzos de Ortega y Murillo por acallar las voces que persisten en informar hacia Nicaragua. Más de la mitad de las cuarenta víctimas individuales fueron mujeres periodistas y comunicadoras. Esto indica el especial énfasis que la dictadura dedica a mujeres que no se callan a pesar de las agresiones que han sufrido durante al menos ocho años consecutivos.

Otro énfasis de la agresividad del régimen es la extensión de su represión hacia las familias de los y las periodistas agredidos a lo largo de este año y tres meses. Las leyes de Nicaragua claramente indican que la pena no trasciende al culpable. En este caso, que no hay culpable ni procesado, el estado ajusta su frustración agrediendo a abuelas, madres, padres, hermanos, hermanas de periodistas que en Managua consideran enemigos.

Como dato final, vale mencionar que al inicio de 2026 el régimen Ortega – Murillo aprehendió al menos a treinta personas por haber reaccionado de alguna manera a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y desplegó a sus grupos paramilitares por todo el país para evitar que hubiera manifestaciones en las calles.

Informe PCIN
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