El presente informe es una contribución presentada por la coalición conformada por las organizaciones que lo suscriben, representada por PEN Internacional. Su edición fue realizada por Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), PEN Nicaragua en el exilio, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC-ALC), IFEX- ALC, ARTICLE 19 México y Centroamérica, Artists at Risk Connection (ARC)-PEN America, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y PEN Internacional.
Tiene como objetivo presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el Examen Periódico Universal a Nicaragua en 2024, las persistentes violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información en el país. Estas violaciones, que permanecen impunes, han resultado en la falta de garantías para el ejercicio de estos derechos. Los hallazgos se basan en el análisis de la información de los reportes emitidos por las organizaciones participantes.
Resumen
Cierre y confiscación de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil/ONG
Entre 2018 y 2024, el Estado de Nicaragua y sus funcionarios han intensificado y aumentado las agresiones selectivas contra periodistas, activistas, artistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos, opositores políticos, etc. Actos como las detenciones arbitrarias, el exilio forzado, el retiro de la ciudadanía
y el despojo de bienes y derechos básicos se están convirtiendo en habituales. Desde el último ciclo del EPU, legislación aplicada en Nicaragua ha provocado una restricción del espacio cívico y de la libertad de expresión en el país. El Estado se ha negado a cumplir los compromisos previos adquiridos en el proceso del EPU y no está protegiendo, ni garantizando estos derechos esenciales.
Persecución y criminalización de periodistas y artistas
Durante el periodo de este ciclo del EPU, la libertad de expresión y libertad artística se han visto atacadas y las principales organizaciones de la sociedad civil, periodistas y creadores que promueven el diálogo y los derechos humanos y culturales, han sido blanco de ataques. La libertad de los medios de comunicación se ha visto socavada mediante restricciones a la cobertura informativa relacionada con la pandemia del Covid-19, limitaciones a la información pública y amenazas al trabajo de los periodistas. También se ha producido un dramático aumento de la persecución, los ataques y la censura contra periodistas, incluyendo actos de
difamación; restricciones en el acceso a la información y a internet; procesos civiles y penales; denegación de acceso a los servicios públicos, incluida la sanidad; detenciones arbitrarias; tortura; abuso del poder del Estado; secuestros; ataques de género; y asesinatos.
Exilio forzado y despojo de la nacionalidad
Entre los mecanismos represivos implementados por el Estado nicaragüense en el periodo documentado para este ciclo, destacan el despojo de la ciudadanía y el exilio forzoso de personas críticas con las autoridades.
Debido a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, y a la retirada de la ciudadanía a al menos 317 personas, Nicaragua alcanzó la cifra récord de al menos 440.260 desplazados, el 6,5% de su población. Noventa de los despojados de su nacionalidad en 2023 son periodistas, diplomáticos, directores de medios de comunicación, miembros de la oposición, escritores y miembros de organizaciones de la sociedad civil, incluidas personas defensoras de los derechos humanos y activistas. Estas violaciones han perpetuado otras violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones de los derechos al reconocimiento como persona ante la ley, a participar en los asuntos públicos, al trabajo, a la seguridad social y otros derechos económicos y sociales, cuyos impactos son imposibles de cuantificar.
Vea resumen aquí
IFEX-ALC-Nicaragua-ES-04-1
Vea el informe completo aquí
EPU-Nicaragua-FINAL-ESPANOL
