América Latina es actualmente el continente más letal y peligroso para la prensa y el año 2022 fue particularmente letal, 39 periodistas fueron asesinados en la región, la cifra más alta desde que se llevan registros y que representa la mitad del total de los periodistas asesinados en todo el mundo. Si bien hay diferentes particularidades en cada uno de los países también existen patrones de ataques contra la prensa que se repiten en El Salvador, en Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Algunas de estas son privaciones ilegales de la libertad, exilio, acoso judicial, amenazas, ataques físicos, vigilancia estatal y estigmatización. Otro factor común es que el principal agresor de la violencia contra la prensa es el Estado. En promedio, el 70% de los ataques son perpetrados por personas servidoras públicas.
En Honduras, después de un gobierno a cargo de un presidente vinculado con narcotráfico y preso en Estados Unidos, se esperaba una transición con preponderancia hacia la protección de los derechos humanos y el establecimiento de un ambiente propicio para la pluralidad periodística, donde la libertad de expresión fuera uno de los ejes fundamentales. Sin embargo, esa pluralidad se ve empañada por más violencia hacia los periodistas, consistente en crímenes, agresiones y discursos estigmatizantes y descalificantes desde funcionarios de gobierno hacia periodistas críticos.
En medio de este panorama que afecta gravemente la vida de los periodistas, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en este momento, no es una opción para salvaguardar la vida de este sector. Las autoridades no le toman interés y se encuentra en una crisis institucional, técnica y presupuestaria por la falta de voluntad política para dirigir adecuadamente una institución vital para salvaguardar la vida de periodistas amenazados.
Recordamos la obligación de los Estados de adoptar medidas concretas de protección cuando existe una situación de riesgo real e inminente para una determinada persona o grupo de individuos. Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. Desgraciadamente, esta realidad es muy diferente de la que vivimos en Centroamérica. En una audiencia celebrada este mes en Los Ángeles, debatimos sobre las graves deficiencias de las políticas de protección de periodistas en la región y presentamos una serie de peticiones a la CIDH para que los gobiernos den prioridad a la adopción de medidas concretas que salven la vida de los periodistas en riesgo.
Frente a un contexto de ataques constantes contra el periodismo independiente, es urgente la construcción de espacios de articulación entre colegas a nivel nacional y regional, respetando la diversidad de opiniones e ideas, con un fin común: la defensa de la libertad de prensa y expresión. Las redes y gremiales de periodistas juegan un papel importante para promover mecanismos de prevención y atención de casos contra el periodismo, así como incidir en los Estados para que implementen mecanismos de protección efectiva para la prensa.
Honduras, 23 de marzo de 2023.
