En el reciente informe presentado por la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se detalla la situación crítica que enfrentan las personas que ejercen el periodismo en el mundo.
En cuanto a Nicaragua, el informe destaca las tácticas de intimidación, hostigamiento y violencia que ejerce el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para silenciar a periodistas independientes, situación que se ha intensificado desde el estallido social de abril 2018.
Otras formas de agresión descritas son las persecuciones judiciales y la imposición de leyes restrictivas que criminalizan el ejercicio periodístico independiente, tales medidas han tenido un impacto devastador en la libertad de prensa, dejando a la sociedad nicaragüense sin acceso a información veraz y objetiva.
Paralelamente, se documenta numerosos casos de agresiones físicas, detenciones arbitrarias y amenazas constantes contra familiares de periodistas como una forma de represión, obligándolos a romper vínculos para proteger a sus familiares, lo que ha generado miedo y censura, forzando a un número significativo de periodistas nicaragüenses a exiliarse.
El informe subraya que: “El exilio no es una elección, sino que suele tratarse del último recurso ante un peligro inminente…No obstante, el exilio no siempre proporciona seguridad”; sin embargo, también existe la represión transnacional, un término que el mismo documento define: «se utiliza para denotar las violaciones de los derechos humanos cometidas por Estados fuera de su propia jurisdicción territorial con el fin de intimidar y silenciar la disidencia en la diáspora y entre los exiliados, englobando las amenazas físicas, jurídicas y digitales».
Aunque la mayoría de periodistas se marchan del país para poder continuar con su trabajo, algunas personas abandonan la profesión cuando ya están en el extranjero.
Mujeres periodistas
Otro tema que expone el informe es cómo las mujeres periodistas en Nicaragua enfrentan una doble amenaza: la represión estatal y la violencia de género. “Los ataques en línea, las amenazas de muerte, las amenazas de violación, el doxing (divulgación de información personal, como direcciones, datos de correo electrónico y números de teléfono), las campañas de desprestigio con elementos sexualizados, misóginos o difamatorios y las suplantaciones de identidad se han disparado en los últimos diez años, especialmente contra mujeres periodistas”, detalla.
A pesar de las adversidades, el gremio de periodistas nicaragüenses en el exilio ha demostrado una notable resiliencia. El informe de la relatora Khan señala cómo estos profesionales continúan su compromiso con la verdad y la justicia, utilizando las redes sociales y otros medios digitales para eludir la censura y mantener informada a la ciudadanía.
La solidaridad entre periodistas con desplazamiento forzado y el apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos han sido cruciales para sostener sus medios de comunicación y continuar su labor desde el exilio.
Recomendaciones para abordar la crisis
La Relatora Especial hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a los mecanismos de derechos humanos para que intensifiquen sus esfuerzos en la protección de los periodistas.
Por un lado, insta a los países a proporcionar asilo y protección a los periodistas que han sido forzados al desplazamiento, así como la colaboración entre estados y organismos internacionales es esencial para garantizar seguridad y bienestar, igualmente, hace referencia a la necesidad de un monitoreo constante sobre la situación de los derechos humanos y la prioridad de la documentación y denuncia de las violaciones de derechos contra periodistas para generar presión y fomentar cambios.
Por otro lado, pone ante la mirada pública la necesidad de aportar al fortalecimiento y apoyo a los medios de comunicación independientes, tanto dentro como fuera de sus países de origen. Esto incluye asistencia financiera, técnica y de capacitación para asegurar que puedan continuar su labor informativa sin temor a represalias, así como la necesidad de crear redes de apoyo entre periodistas exiliados y organizaciones de derechos humanos.
Finalmente, se exhorta a los gobiernos a derogar o enmendar las leyes que restringen la libertad de expresión y de prensa. Las reformas deben alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar un entorno seguro y libre para el periodismo.
El informe subraya que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. La protección de los periodistas no solo es una cuestión de derechos humanos, sino una necesidad imperiosa para el desarrollo y la estabilidad de los países, por lo que la represión y el desplazamiento forzado son un recordatorio, por un lado, de la implacable embestida que sufren los derechos humanos en algunas partes del mundo y, por otro, del costo humano de la violencia y la represión.